España vivió un día de protestas contra el ‘apartheid sanitario’

“¡Es xenofobia, no es austeridad!”

 

Cientos de personas protestaron ayer frente al Hospital Gregorio Marañón de Madrid en contra de la entrada en vigor de los reales decretos ley 16/202 y 1192/2012, que eliminan el acceso a la atención sanitaria primaria a los extranjeros sin documentación española. La medida afectaría a más de 153 000 inmigrantes extracomunitarios. La concentración fue convocada por las ONG médicas del mundo, Economistas sin Fronteras, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Ferines; entre otros. Médicos, yayoflautas (el grupo de abuelos indignados), inmigrantes regulares e irregulares y miembros de asociaciones se dieron cita en una marcha en la que no faltó la indignación y tampoco el ingenio. Carteles y consignas alusivas a los recortes en la sanidad y otros derechos sociales fueron la tónica de la protesta. “Es xenofobia, no es austeridad”, “mato dimisión” en referencia a Ana Mato, ministra de Sanidad, o “ningún ser humano es ilegal”, fueron las frases coreadas por los asistentes....

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/mundo/Espana-vivio-protestas-apartheid-sanitario_0_766123476.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.co. Roxana C.

Roxana Cazco

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Cientos de personas protestaron ayer frente al Hospital Gregorio Marañón de Madrid en contra de la entrada en vigor de los reales decretos ley 16/202 y 1192/2012, que eliminan el acceso a la atención sanitaria primaria a los extranjeros sin documentación española. La medida afectaría a más de 153 000 inmigrantes extracomunitarios. La concentración fue convocada por las ONG médicas del mundo, Economistas sin Fronteras, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Ferines; entre otros. Médicos, yayoflautas (el grupo de abuelos indignados), inmigrantes regulares e irregulares y miembros de asociaciones se dieron cita en una marcha en la que no faltó la indignación y tampoco el ingenio. Carteles y consignas alusivas a los recortes en la sanidad y otros derechos sociales fueron la tónica de la protesta. “Es xenofobia, no es austeridad”, “mato dimisión” en referencia a Ana Mato, ministra de Sanidad, o “ningún ser humano es ilegal”, fueron las frases coreadas por los asistentes.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/mundo/Espana-vivio-protestas-apartheid-sanitario_0_766123476.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Cientos de personas protestaron ayer frente al Hospital Gregorio Marañón de Madrid en contra de la entrada en vigor de los reales decretos ley 16/202 y 1192/2012, que eliminan el acceso a la atención sanitaria primaria a los extranjeros sin documentación española. La medida afectaría a más de 153 000 inmigrantes extracomunitarios. La concentración fue convocada por las ONG médicas del mundo, Economistas sin Fronteras, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Ferines; entre otros. Médicos, yayoflautas (el grupo de abuelos indignados), inmigrantes regulares e irregulares y miembros de asociaciones se dieron cita en una marcha en la que no faltó la indignación y tampoco el ingenio. Carteles y consignas alusivas a los recortes en la sanidad y otros derechos sociales fueron la tónica de la protesta. “Es xenofobia, no es austeridad”, “mato dimisión” en referencia a Ana Mato, ministra de Sanidad, o “ningún ser humano es ilegal”, fueron las frases coreadas por los asistentes. Pese a que los organizadores solicitaron la acera próxima al hospital como sede de la marcha, la concentración fue relegada a la calzada de en frente. Sin embargo, poco a poco los manifestantes se situaron no solo en ambas veredas sino en la calle principal donde se ubica el centro sanitario. Pese a que la Policía los conminó a retirarse no lo hicieron, incluso varios se sentaron en un costado de la vía. La Policía no forzó la situación y más bien improvisó un operativo para desviar el tráfico vehicular. También hubo manifestantes espontáneos. José Rubio, médico del Gregorio Marañón, cruzó la calle y se unió a la protesta. “Aquí no tiene que ver lo nacional, la raza ni el estatus jurídico. Los médicos atendemos personas y es lo que seguiremos haciendo”, subrayó. El galeno denuncia el deterioro que ha sufrido la sanidad pública en los últimos meses. “Hay menos recursos, nos asignan más pacientes y se restringen los ingresos para ahorrar, cuando hay pacientes que lo requieren”, añade. A las 13:00 se leyó el manifiesto de la organización en el cual se exigió la derogación de la Ley. Miguel Falcones, presidente de Médicos del Mundo, señaló que los inmigrantes afectados por esta medida “no han venido a desvalijar nuestro sistema de salud (…) son jóvenes -con edades entre los 22 y los 38 años-, sanos y han venido a trabajar. Además, todos los informes indican que este colectivo acude entre un 20 y un 30% menos que los nativos a los servicios públicos de salud”. Mohammed Ndiaye es uno de ellos. Este senegalés de 30 años teme por su salud y la de sus compatriotas, entre los cuales hay un alto índice de irregularidad. Pese a que lleva seis años en España no ha podido conseguir documentación y desde ayer queda excluido de la atención médica primaria. “Tengo un problema en la rodilla, no sé qué voy a hacer. Esta medida nos margina, es una nuevo apartheid”, señala. Alla Didkovska, de la Ferine, muestra gran preocupación por su amiga Olga, también de Rusia. Tiene cáncer, ahora se recupera en el hospital de una operación, pero está desanimada y llena de incertidumbre. “Después de esto no sabemos si le seguirán atendiendo con el tratamiento regular, la Ley le ha pillado en el hospital. ¿Ahora que?”, cuestiona Alla. Irregularidad sobrevenida Aunque oficialmente la población ecuatoriana es de las más regulares dentro del colectivo inmigrante un fenómeno amenaza ese aparente indicador de bienestar. Son muchos los compatriotas que han caído en la irregularidad sobrevenida. Son personas que no pudieron renovar su permiso de residencia al estar desempleadas y no contar con un contrato de trabajo, requisitos que demanda la Administración española. El quiteño Segundo Cacho, miembro de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, Conadee, conoce a unos 20 compatriotas que han perdido “sus papeles”. “En plena crisis les fue imposible conseguir un contrato de trabajo”, señala. Una realidad particular es la de las empleadas domésticas. Al cambiar la ley que sitúa su actividad dentro del régimen general -una media aparentemente positiva- muchas “discontinuas” (quienes prestan sus servicios en varias casas) se quedaron sin empleo porque sus jefes no estaban dispuestos a darles de alta en la seguridad social, exigencia de la nueva Ley. Al quedarse sin trabajo, no pudieron renovar su permiso para residir en España, y ahora tampoco podrán acceder a la asistencia sanitaria. Muchas de ellas han trabajado como cuidadoras de niños y ancianos, aunque en sus contratos figuraban simplemente como empleadas de hogar. Son personas cualificadas que han quedado en situación de vulnerabilidad. “¿Quién cuida ahora a las cuidadoras?”, pregunta Mercedes Rodríguez, portavoz de la Red de Mujeres Latinoamericanas. “Han sido mujeres que han cuidado a los abuelos y a la infancia y como esta sociedad patriarcal no valora el trabajo de los cuidados les ha dejado sin el derecho a la sanidad”, concluye. Sin cifras oficiales No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos ‘sin papeles’ de 459 946 personas. De estas, unas 153 469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más perjudicados por esta medida, y el resto son extranjeros en situación irregular de países de la Unión Europea. Las autoridades estudian ofrecer a extracomunitarios en situación irregular y a europeos no asegurados una póliza, si quieren cobertura sanitaria completa, de 710,40 euros anuales o de 1 864,8 para mayores de 65 años. Los gobiernos regionales de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Andalucía o Asturias ya han anunciado que seguirán atendiendo a los indocumentados. Testimonio

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Cientos de personas protestaron ayer frente al Hospital Gregorio Marañón de Madrid en contra de la entrada en vigor de los reales decretos ley 16/202 y 1192/2012, que eliminan el acceso a la atención sanitaria primaria a los extranjeros sin documentación española. La medida afectaría a más de 153 000 inmigrantes extracomunitarios. La concentración fue convocada por las ONG médicas del mundo, Economistas sin Fronteras, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Ferines; entre otros. Médicos, yayoflautas (el grupo de abuelos indignados), inmigrantes regulares e irregulares y miembros de asociaciones se dieron cita en una marcha en la que no faltó la indignación y tampoco el ingenio. Carteles y consignas alusivas a los recortes en la sanidad y otros derechos sociales fueron la tónica de la protesta. “Es xenofobia, no es austeridad”, “mato dimisión” en referencia a Ana Mato, ministra de Sanidad, o “ningún ser humano es ilegal”, fueron las frases coreadas por los asistentes. Pese a que los organizadores solicitaron la acera próxima al hospital como sede de la marcha, la concentración fue relegada a la calzada de en frente. Sin embargo, poco a poco los manifestantes se situaron no solo en ambas veredas sino en la calle principal donde se ubica el centro sanitario. Pese a que la Policía los conminó a retirarse no lo hicieron, incluso varios se sentaron en un costado de la vía. La Policía no forzó la situación y más bien improvisó un operativo para desviar el tráfico vehicular. También hubo manifestantes espontáneos. José Rubio, médico del Gregorio Marañón, cruzó la calle y se unió a la protesta. “Aquí no tiene que ver lo nacional, la raza ni el estatus jurídico. Los médicos atendemos personas y es lo que seguiremos haciendo”, subrayó. El galeno denuncia el deterioro que ha sufrido la sanidad pública en los últimos meses. “Hay menos recursos, nos asignan más pacientes y se restringen los ingresos para ahorrar, cuando hay pacientes que lo requieren”, añade. A las 13:00 se leyó el manifiesto de la organización en el cual se exigió la derogación de la Ley. Miguel Falcones, presidente de Médicos del Mundo, señaló que los inmigrantes afectados por esta medida “no han venido a desvalijar nuestro sistema de salud (…) son jóvenes -con edades entre los 22 y los 38 años-, sanos y han venido a trabajar. Además, todos los informes indican que este colectivo acude entre un 20 y un 30% menos que los nativos a los servicios públicos de salud”. Mohammed Ndiaye es uno de ellos. Este senegalés de 30 años teme por su salud y la de sus compatriotas, entre los cuales hay un alto índice de irregularidad. Pese a que lleva seis años en España no ha podido conseguir documentación y desde ayer queda excluido de la atención médica primaria. “Tengo un problema en la rodilla, no sé qué voy a hacer. Esta medida nos margina, es una nuevo apartheid”, señala. Alla Didkovska, de la Ferine, muestra gran preocupación por su amiga Olga, también de Rusia. Tiene cáncer, ahora se recupera en el hospital de una operación, pero está desanimada y llena de incertidumbre. “Después de esto no sabemos si le seguirán atendiendo con el tratamiento regular, la Ley le ha pillado en el hospital. ¿Ahora que?”, cuestiona Alla. Irregularidad sobrevenida Aunque oficialmente la población ecuatoriana es de las más regulares dentro del colectivo inmigrante un fenómeno amenaza ese aparente indicador de bienestar. Son muchos los compatriotas que han caído en la irregularidad sobrevenida. Son personas que no pudieron renovar su permiso de residencia al estar desempleadas y no contar con un contrato de trabajo, requisitos que demanda la Administración española. El quiteño Segundo Cacho, miembro de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, Conadee, conoce a unos 20 compatriotas que han perdido “sus papeles”. “En plena crisis les fue imposible conseguir un contrato de trabajo”, señala. Una realidad particular es la de las empleadas domésticas. Al cambiar la ley que sitúa su actividad dentro del régimen general -una media aparentemente positiva- muchas “discontinuas” (quienes prestan sus servicios en varias casas) se quedaron sin empleo porque sus jefes no estaban dispuestos a darles de alta en la seguridad social, exigencia de la nueva Ley. Al quedarse sin trabajo, no pudieron renovar su permiso para residir en España, y ahora tampoco podrán acceder a la asistencia sanitaria. Muchas de ellas han trabajado como cuidadoras de niños y ancianos, aunque en sus contratos figuraban simplemente como empleadas de hogar. Son personas cualificadas que han quedado en situación de vulnerabilidad. “¿Quién cuida ahora a las cuidadoras?”, pregunta Mercedes Rodríguez, portavoz de la Red de Mujeres Latinoamericanas. “Han sido mujeres que han cuidado a los abuelos y a la infancia y como esta sociedad patriarcal no valora el trabajo de los cuidados les ha dejado sin el derecho a la sanidad”, concluye. Sin cifras oficiales No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos ‘sin papeles’ de 459 946 personas. De estas, unas 153 469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más perjudicados por esta medida, y el resto son extranjeros en situación irregular de países de la Unión Europea. Las autoridades estudian ofrecer a extracomunitarios en situación irregular y a europeos no asegurados una póliza, si quieren cobertura sanitaria completa, de 710,40 euros anuales o de 1 864,8 para mayores de 65 años. Los gobiernos regionales de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Andalucía o Asturias ya han anunciado que seguirán atendiendo a los indocumentados. Testimonio

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