Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos
Los inmigrantes irregulares con más de 65 años abonarán el doble
Embarazadas, asilados, víctimas de trata y menores no pagarán
Los extranjeros podrán acceder al servicio si llevan un año empadronados
Después
de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de
la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio
de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una
vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema
público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a
pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los
seguros sanitarios privados.
La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy,
a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las personas menores
de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud
públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los
65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales
(155,40 al mes).
Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad,
los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima,
por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los
mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las
Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador concluye
que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”.
Los colectivos de inmigrantes ven con muchísima preocupación el plan del Gobierno de exigir 710 euros al año a los inmigrantes sin papeles para poder tener acceso a la sanidad y hasta 1.864 en el caso de los mayores de 65 años.
“Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas chapuzas de vez en cuando”, explica Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui. “Muchos han perdido los papeles por la crisis, al quedarse sin trabajo, pero antes habían estado cotizando en España. Es una situación tremendamente injusta que ahora se les pida esa cantidad. Para ellos es una fortuna. Con sus pequeños ingresos tienen que afrontar el pago del alquiler para evitar el desahucio, la alimentación...¡No pueden enfermar! Esta medida condena al colectivo más vulnerable a más precariedad”...
Los colectivos de inmigrantes ven con muchísima preocupación el plan del Gobierno de exigir 710 euros al año a los inmigrantes sin papeles para poder tener acceso a la sanidad y hasta 1.864 en el caso de los mayores de 65 años.
“Esa cantidad es una fortuna para un inmigrante sin papeles que, o no tiene trabajo o sobrevive con pequeñas chapuzas de vez en cuando”, explica Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui. “Muchos han perdido los papeles por la crisis, al quedarse sin trabajo, pero antes habían estado cotizando en España. Es una situación tremendamente injusta que ahora se les pida esa cantidad. Para ellos es una fortuna. Con sus pequeños ingresos tienen que afrontar el pago del alquiler para evitar el desahucio, la alimentación...¡No pueden enfermar! Esta medida condena al colectivo más vulnerable a más precariedad”...
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